El movimiento magisterial democrático de bases en Morelos iniciado el 13 de agosto de 2008 en defensa de la educación pública y en contra del proceso privatizador que significa la Alianza para la Calidad Educativa, ha tenido un fuerte impacto social, sindical, político, cultural y económico en la estructura socioeconómica y en el entramado social de los pueblos y comunidades, así como en el conjunto de clases y sectores sociales, polarizando posiciones a favor y en contra, motivado y ampliado por una política autoritaria, despótica y arbitraria, antidemocrática y represiva que ha impuesto el gobierno del Estado, quien ha utilizado un doble lenguaje al proclamar por todos los medios que está dispuesto al diálogo únicamente en el marco de lo que ellos consideran Estado de Derecho, sin preservar el contenido fundamental de lo que significa la democracia, la consulta, la legalidad y la justicia para garantizar el derecho a la educación y aplicando una política represiva que utiliza todo el aparato ideológico para criminalizar el movimiento social hasta escalar a niveles extraordinarios las acusaciones, persecución, detenciones, tortura, utilización excesiva de la fuerza, estableciendo una sistemática violación de las garantías individuales y las libertades democráticas con una lógica de militarización y de estado policíaco.
Esta situación se ha expresado con toda su crudeza durante los días 6, 7, 8 y 9 de octubre cuando el gobierno estatal y federal utilizó toda la fuerza del estado para militarizar con elementos del Ejército Federal Mexicano y tropas de la Policía Federal Preventiva para no solo desalojar y reabrir las carreteras en Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla para garantizar el libre tránsito, como fue la justificación legal de su intervención, sino que cometieron toda clase de abusos de poder, violaciones graves a los derechos humanos, con una gran cantidad de heridos, detenidos, allanamientos de morada, agresiones a niños y mujeres, ancianos y pueblo en general, estableciendo por lo tanto una represión generalizada que representa más que un acto de justicia y de reestablecimiento del orden y la legalidad un verdadero acto de venganza, como lo documentamos en la presente investigación llevada a cabo por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa con la participación de decenas de promotoras y promotores de derechos humanos del magisterio en movimiento y de los pueblos participantes en luchas en defensa del medio ambiente, quienes con su observación directa en el lugar de los hechos, la transmisión inmediata de la información mediante el uso de teléfonos celulares para enviar mensajes de texto y la documentación precisa de nombres y lugares, permitió obtener respuestas inmediatas para ubicar a los desaparecidos, interponer amparos (1666/2008-1 por los detenidos en Amayuca y el 1680/2008-V por los detenidos en Xoxocotla), buscar y localizar a los detenidos, coordinarnos para asegurar que hubiera las asesorías y acompañamiento en las declaraciones ante el MP una vez puestos a disposición, para garantizar el derecho humano al debido proceso (sola para el caso Xoxocotla ante la PGJ y no así ante la PGR por los detenidos en Amayuca) así como la atención médica en los casos más graves. [seguir leyendo…]
