Radio Sabotaje

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Como resultado de la presión de la opinión pública nacional e internacional a raíz de la represión de los días 3 y 4 de mayo del presente, la semana pasada (14/05/06) el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, reconoció que hubo “algunos excesos policíacos” (como él los llamó), en los operativos en Texcoco y San Salvador Atenco.

Este reconocimiento oficial ha ocasionado el inicio de investigación a 41 elementos y tres oficiales de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE); quienes estuvieron a cargo del traslado desde Atenco al penal de Almoloyita y por lo tanto serían los responsables directos de las agresiones sexuales, violaciones y golpizas a los detenidos durante el mismo. Sin embargo, nada se dice de la responsabilidad de los altos mandos.

Nosotros pensamos que los mentados “excesos policíacos” no fueron un error de un puñado de elementos que se salieron del huacal, sino una táctica de represión ordenada por el Estado. Alguien les dió carta blanca a los policías para cometer sus atropellos. En todo operativo de estas magnitudes siempre hay jefes presentes que autorizan la barbarie de sus subordinados, a partir de la orden de su superior inmediato. La responsabilidad llega sin duda hasta los jefes de Estado.

Esto es, en San Salvador Atenco hubo una represión de Estado y no sólo por la cadena de mando, sino por la sistemática forma en que fueron golpeados y agredidos cada uno y una de los detenidos. Por ejemplo, si se revisan los testimonios de las mujeres detenidas el día 3 de mayo dentro de la casa en Texcoco, y se comparan con los testimonios de las extranjeras deportadas y de las detenidas en Atenco el día 4 de mayo, es claro que fueron agredidas sexualmente de la misma manera, con la misma estrategia: dentro del camión y llevadas a los últimos asientos.

Pero dirán ustedes, ¿se puede responsabilizar legalmente a un Estado de la represión?… En teoría sí.

En 1998 la “Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional” aprobó el “Estatuto de Roma”, con el que se creó, valga la redundancia, la Corte Penal Internacional, que puede ejercer sus funciones y atribuciones en el territorio de cualquier otro Estado (Articulo 4); y tiene competencia con respecto a los siguientes crímenes: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y el crimen de agresión (Articulo 5).

Dicho Estatuto define en su Artículo 7 como “crimen de lesa humanidad” a cualquier acción que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Los ataques considerados son: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género; entre otros.

Solo por clarificar este tipo de crímenes, por ejemplo el Estatuto define tortura como “…causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control”.

Con las imágenes que muchos vimos, los testimonios de abusos sexuales de las detenidas, las pruebas de tortura, la sistematización en su aplicación, entre otros, es posible afirmar que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad los días 3 y 4 de mayo durante y después del operativo.

Y sí, ya sabemos que las leyes por lo regular sirven un rábano, pero no está de más saber que si en estos campos andamos, las responsabilidades se pueden fincar legal y no sólo discursivamente, hasta los niveles de gobierno más altos. No basta pedir la renuncia de funcionarios menores o intermedios en jerarquía, o el castigo a los “excesos de la policía”, hay que nombrar con todas sus letras lo que pasó, y esto se resume en tres palabras: represión de Estado.

P.D.: gracias al “Depto. Jurídico” de Radio Sabotaje por
clarificarnos la información utilizada en esta nota.